El próximo miércoles, iniciando el último mes del año, nuestra comunidad tendrá la oportunidad de expresar sus opiniones, a favor o en contra, del proyecto de instalación de un buque licuefactor de gas natural en nuestro ámbito geográfico. Esto se realizará mediante una audiencia pública, en la que ya se han inscripto como disertantes unos 200 profesionales, técnicos, mandatarios, legisladores y ciudadanos interesados en dar a conocer su opinión al respecto.
Como es bien sabido, las audiencias públicas no son vinculantes. Dicho de manera sencilla, aunque 199 expositores se opongan con contundencia al proyecto, estas opiniones solo quedarán registradas en actas, mientras el proceso continúa sin mayores cambios.
Nuestra comunidad ya vivió circunstancias similares antes de la puesta en marcha de la planta productora de carbonato de sodio de la empresa Álcalis de la Patagonia (ALPAT). En aquella ocasión, durante una audiencia pública, la mayoría de los 36 expositores expresaron su rechazo al control ambiental por parte de la provincia. Sin embargo, esto no impidió que la planta comenzara a operar, con un supuesto control del organismo provincial correspondiente. Una década después, esa planta sigue emitiendo un polvillo de granulometría mínima que flota en el aire que respiramos, afectando no solo a quienes trabajan allí, sino también a toda la comunidad, que nada tiene que ver con ese proyecto.
Insisto en el título de este artículo de opinión: «No tropecemos con la misma piedra». Que las experiencias de ALPAT, así como la inconclusa remediación de la ganga de la ex mina «Gonzalito», no se repitan por falta de controles efectivos, permitiendo sumar nuevos riesgos ambientales y sanitarios a nuestra comunidad.
Considero fundamental que se garantice la calidad y seriedad de quienes controlen la actividad del buque licuefactor que se pretende instalar. Estos responsables no solo deben tener la capacidad técnica para supervisar adecuadamente, sino también el poder indiscutible de detener cualquier maniobra que implique un riesgo, como un escape del peligroso material utilizado en el proceso productivo. Este proceso, que transforma gas natural en gas natural licuado, requiere temperaturas extremas de hasta -170 grados Celsius para comprimir el gas 11 veces su volumen original.
Río Negro está inmerso en un proceso que comparto: aprovechar sus recursos mineros y de hidrocarburos. Ya contamos con el oleoducto y el puerto de hidrocarburos de Punta Colorada, en ejecución, y con el visto bueno para el yacimiento aurífero de Calcatreu en Ingeniero Jacobacci. Ahora, con este nuevo proyecto cercano, queda claro el cambio en la matriz productiva provincial. Pero para que todos, tanto actores como espectadores, podamos beneficiarnos, el control ambiental debe ser prioritario. Solo así nuestros nietos podrán heredar una provincia rica y saludable.
Quienes estén encargados de controlar estos proyectos deben garantizar a los rionegrinos su idoneidad, autoridad y compromiso con nuestro territorio y nuestra gente. No pueden ser burócratas ni consultoras quienes se ocupen de esta tarea. Nuestra provincia, como el resto del país, cuenta con universidades, cátedras y profesionales especializados en estas áreas, con quienes se podrían establecer convenios para realizar controles mediante programas de pasantías de docentes y alumnos. De este modo, ni empresarios ni gobiernos podrían manipularlos.
Ya lo vivimos y seguimos padeciéndolo: respiramos aire contaminado porque ni el municipio, convertido en deudor y casi servil ante ALPAT, ni el gobierno provincial, ni sus organismos, han hecho nada para detenerlo o al menos mitigarlo. No volvamos a caer en el mismo error. Una audiencia pública fue ignorada olímpicamente en el pasado; el próximo miércoles, no volvamos a tropezar con la misma piedra.
Julio Ramón ALCALDE
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