Compromiso Ciudadano impulsa ordenanza de capacitación en deportes y lenguaje de señas en el municipio

Los concejales de Compromiso Ciudadano, Alejandro Araño y Jovita Gonzales, compartieron detalles de proyectos recientes en una entrevista, incluyendo la modificación de la ordenanza 5485, que busca capacitar a quienes trabajan en deportes infantiles y la inclusión de lenguaje de señas en el municipio.

Araño y Gonzales explicaron que la modificación a la ordenanza surge de la observación de carencias en la formación de personas encargadas de deportes infantiles, especialmente en el fútbol, señalando que muchos trabajadores carecen de preparación tanto física como emocional para guiar a niños y adolescentes. “Consideramos importante que los técnicos y entrenadores cuenten con una formación que aborde el desarrollo físico e intelectual de los chicos,” señaló Araño. La propuesta plantea un registro y capacitaciones obligatorias, con el fin de fomentar una práctica deportiva inclusiva y de calidad.

El segundo proyecto apunta a la inclusión de personas con discapacidad auditiva, capacitando al personal municipal en lenguaje de señas. Gonzales compartió su deseo de que más empleados participen en esta iniciativa, que actualmente es limitada. La capacitación en lenguaje de señas no solo permitirá a los trabajadores atender mejor al público, sino que también prepara al municipio para recibir visitantes con discapacidad auditiva, especialmente en temporadas turísticas.

Estación de servicio en Las Grutas: entre planificación y controversia

En otro tema, los concejales expresaron su desacuerdo con la ubicación de una futura estación de servicio en la Manzana 902, destinada a eventos públicos y actividades recreativas. Según Gonzales, esta área se reserva para uso estatal y no debería venderse a intereses comerciales. Araño agregó que la decisión de la administración de avanzar con la venta no se alinea con las normativas de planificación urbana ni con la opinión de expertos locales. Ambos recalcaron que están a favor del desarrollo económico, pero exigen que los proyectos cumplan con el código de ordenamiento y que se incluyan a los ciudadanos en las decisiones que afectan a la comunidad.

 


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