El titular de la delegación local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación STIA, Juan Ortíz, manifestó desconocer que se estuvieran realizando gestiones para reabrir la planta procesadora de la empresa Río Salado, que mantiene una cuantiosa deuda con sus trabajadores, proveedores y hasta con el fisco nacional.
Ortíz señaló que no tenía ningún conocimiento que el abogado y ex legislador, Edgado Córvalán, esté negociando en nombre de los trabajadores la reapertura de la planta procesadora de pescados y maríscos y que solamente el Dr Gastón Surache, es el abogado que representa a los trabajadores y que ha judicializado el tema para cobrar las deudas por trabajo realizado y no pagado.
Al preguntársele a que volumen ascendería la deuda con los trabajadores, proveedores, comerciantes etc, Ortíz señaló que no disponía del monto total, pero a modo de ejemplo citó que con el ARCA, el organismo fiscal del gobierno nacional, la deuda estaría en el orden de los 500 millones de pesos, por impuestos no pagados de operaciones comerciales realizadas por Río Salado.
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